Jueves 19 Octubre 2017

El Consejo de Gobierno aprobó ayer martes, 15 de diciembre, un Decreto Ley que incluye varias medidas para atajar la emergencia social y la pobreza energética.

El Gobierno de Aragón suspende los lanzamientos de ejecución hipotecaria, en situación de especial vulnerabilidad, hasta que se ofrezca una alternativa habitacional por parte de la administración, que estará obligada a ello en el caso de que se trate de viviendas habituales.

La suspensión va más allá que la legislación estatal que establece un plazo concreto y no habla de alternativa. Además, desarrollado en una orden, se ampliarán los supuestos teniendo en cuenta circunstancias como edad, número de miembros de la familia, discapacidad, dependencia, enfermedad, exclusión social, situaciones de derechos humanos o económicos o víctimas de violencia machista.

El Ejecutivo se enterará de estas situaciones por los órganos judiciales, que le comunicarán las demandas de ejecución hipotecaria o desahucio para que se puedan poner en marcha los mecanismos. Asimismo, en el caso de impagos de arrendamientos, excepcionalmente, la administración autonómica podrá hacerse cargo del pago de la renta como solución provisional hasta que haya alternativa habitacional.

La clave está en de dónde sacará el Gobierno de Aragón esas viviendas que den la alternativa habitacional. Se obligará a las entidades financieras o Sareb a poner a disposición del Gobierno de Aragón para que sean destinadas a uso social viviendas desocupadas que procedan de ejecución hipotecaria, de pago o dación en pago de deudas. Si no se hace, se ponen multas coercitivas de un 1% del valor catastral el primer mes, del 2% el segundo, del 3% el tercer mes y así sucesivamente hasta el 25% de máximo.

A cambio se le dará una contraprestación que está por fijar en una orden del consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, que señaló que no se trata de una expropiación de la propiedad y que está dentro de las competencias autonómicas. La renta que deberán pagar los aragoneses a los que se les dé no será superior al 30% de los ingresos familiares y el resto hasta la renta que se establezca lo asumirá la administración.

Se considerarán viviendas desocupadas las que no se hayan destinado a uso residencial durante seis meses consecutivos en el curso de un año o que no se demuestre su ocupación efectiva. Esas viviendas desocupadas se aglutinarán en un Registro de Viviendas desocupadas que se creará y donde habrá la obligación de comunicar las viviendas desocupadas cada tres meses. Las causas justificadas son las de que no haya posibilidad material por las condiciones, litigios sobre la vivienda, que esté ocupada ilegalmente, que tenga cargas que lo impida, que tenga un destino previsto que lo justifique como arrendamientos de temporada o para trabajadores, entre otras.

Por otro lado, se crea un Fondo Social de la Vivienda para registrar oferta y demanda y en el futuro suelos dotacionales. Ahí estarán todas las viviendas disponibles de todas las administraciones y las necesidades.

Además de la obligación, se tratará de suscribir convenios con las entidades financieras para incrementar el parque de viviendas con cesiones de uso. Y es que hasta ahora sólo se han cedido seis viviendas a la bolsa de alquiler por parte de éstas y las 80 del Sareb no se podían ocupar, bien por sus malas condiciones o porque estaban ocupadas, por ejemplo. Así, también se está hablando con el banco malo para renegociar el convenio existente. También se pretenden convenios con personas o entidades del sector inmobiliario. Por último, las administraciones podrán concertar seguros que garanticen el cobro de rentas y la seguridad jurídica.

El consejero de Vertebración, José Luis Soro, explicó además que se intentará que haya también aportación económica de las entidades financieras para rehabilitar viviendas. "Han sido parte del problema y están obligadas a ser parte de la solución", sentenció Soro, que dijo que es una cuestión de "decencia" y que con ello se cumplen parte de los compromisos de investidura y del programa electoral de CHA y PSOE así como el acuerdo que firmaron con Stop Desahucios.

Soro calcula que el coste será de trece millones de euros contemplados con la subida del 30% en la gestión de vivienda social en los Presupuestos y con los convenios con entidades financieras para ceder viviendas y aportar dinero.

El Decreto adelanta medidas urgentes que después se desarrollarán también en la Ley de Vivienda de Aragón, que Soro situó en el horizonte del verano de 2017.

No se podrá cortar el suministro energético

El Decreto también incluye que las suministradoras de energía no podrán cortar el suministro a familias en extrema dificultad. Se hará con el establecimiento de acuerdos o convenios con los suministradores de agua potable, gas natural y electricidad que eviten los cortes en caso de impago por falta de recursos y fomentar la concesión de ayudas o la aplicación de descuento en el coste de consumos mínimos.

Los centros de servicios sociales harán una valoración técnica, para la que no hay plazo pero sí la prioridad de tratar estos expedientes antes que nada, para determinar una situación de riesgo de urgencia social ante un aviso de corte por no pagar alguna factura. Hasta que no haya una ayuda social de emergencia para ese pago, el suministrador no podrá cortar la luz, el agua o el gas.

La situación de riesgo se acredita con los requisitos que se exigen para ser beneficiario de las prestaciones económicas de las ayudas de urgencia.

Ya se ha firmado un convenio con la Federación de Municipios, Comarcas y Provincias y Endesa y se hará con más suministradores. Se garantiza además el restablecimiento inmediato del suministro si ya se hubiera cortado y se acredita la situación urgente para cubrir las necesidades básicas de subsistencia. Quedan excluidos los que hayan hecho una conexión fraudulenta a la red.

El abono tendrá lugar dentro del mes siguiente a la comunicación de los servicios sociales y la deuda será saldada mediante el pago directo que realicen los servicios sociales de las administraciones locales a Endesa.

Las suministradoras tienen que hacerse cargo del mantenimiento del suministro hasta que haya ayuda social.

No se podrán embargar las ayudas sociales

Las ayudas sociales pasan a considerarse un derecho subjetivo y por lo tanto reclamable por los ciudadanos y no sujetas ni a disponibilidades presupuestarias ni a concurrencia competitiva. Así lo explicó la consejera de Ciudadanía, Mariví Broto, que aseguró que el coste de estas medidas ya se contempla presupuestado por las ayudas de integración familiar y las de urgencia por el incremento del 11% a Comarcas y del 13% al Ayuntamiento de Zaragoza.

Esto ya se hizo con las ayudas de comedor este verano y se hace ahora con las de urgencia, integración familiar y pago periódico o único para atender necesidades básicas. Eleva a rango de ley las de integración y emergencia (cuya gestión corresponde a entidades locales, comarcas y municipios de más de 20.000 habitantes).

Incorpora además que los perceptores del Ingreso Aragonés de Inserción de más de 65 años, fecha límite que se establecía hasta ahora, sigan cobrándolo como prórroga si no tienen una pensión. Son pocos casos, ha dicho Broto.

Se dará preferencia a la tramitación de los expedientes relativos a las prestaciones económicas del sistema de servicios sociales.

 

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