Viernes 21 Febrero 2020

Los ayuntamientos y las pequeñas y medianas empresas (Pymes) son los principales beneficiarios de la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público en el ámbito de la contratación menor, es decir, aquella por valor inferior a 40.000 euros cuando se trata de contratos de obras o inferior a 15.000 euros cuando se refiere a suministros o servicios.

El BOE publicó el pasado 5 de febrero un decreto ley de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la UE en diferentes ámbitos, entre ellos el de la contratación pública. Se trata de un asunto especialmente sensible para los pequeños ayuntamientos, que se estaban viendo especialmente afectados por la tramitación de los contratos menores, que era especialmente engorrosa.

La modificación de la famosa Ley de Contratos supone que los ayuntamientos ya pueden adjudicar varias obras o servicios menores al mismo licitador. Un cambio que algunos cuestionan por eliminar un supuesto filtro para la corrupción, pero que supone una muy buena noticia para los ayuntamientos, sobre todo para los pequeños.

La modificación de esta ley, que ya ha entrado en vigor, elimina la prohibición de adjudicar a un mismo licitador más de un contrato menor al año (se considera contrato menor el inferior a 40.000 euros en obras y a 15.000 euros en suministros o servicios). Esta prohibición estaba pensada para luchar contra los amiguismos y las adjudicaciones ‘a dedo’ pero no pensaba en las consecuencias que podría tener en los pequeños municipios ni en las pequeñas empresas o autónomos, que viven en buena medida de las pequeñas obras que realizan en su municipio a lo largo del año.

Además del problema de no poder echar mano de las empresas locales cuando estas ya habían sobrepasado la cantidad marcada por ley, los ayuntamientos también se han encontrado en este tiempo con unos requisitos de transparencia y con un exceso de papeleo que ha supuesto una sobrecarga de trabajo para los secretarios municipales (a veces compartidos entres varios consistorios), con la consiguiente ralentización de los procesos burocráticos.
Por estas razones, la modificación de esta norma supondrá una ayuda que llevaba tiempo reclamándose desde la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), que continúa reivindicando, además, que se derogue la Ley de Racionalización de Gasto del sector Público, una ley que impide que los ayuntamientos gasten su remanente en lo que ellos consideran necesario.

Ayuntamiento de Cinco Olivas
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