Viernes 23 Octubre 2020
Ana María Aranda

El pasado 30 de septiembre, los Servicios Sociales de la Comarca Ribera Baja del Ebro, en boca de una sus trabajadoras sociales, Ana María Aranda, estuvieron presentes en las Cortes de Aragón para intervenir en una de las audiencias legislativas del proyecto de ley que regulará la prestación complementaria del Ingreso Mínimo Vital.

Así, desde los Servicios Sociales se expusieron las carencias que, hoy por hoy, tiene esta prestación y se demandó que las especiales características del medio rural aragonés sean tenidas en cuenta a la hora de regular la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital y también el Servicio Público Aragonés de Inclusión Social.

“El gobierno nacional aprobó el Ingreso Mínimo Vital y colocó su tramitación en la seguridad social, garantizando así la igualdad en todo el territorio español, pero no dotó al INSS de los medios necesarios para tramitarlo”, explicó Aranda, que reconoció lo acertado de la decisión tomada por el Gobierno de Aragón en su momento de continuar abonando el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) mientras no se resolviera la solicitud de IMV.

“El Ingreso Mínimo Vital es un gran logro, pero tiene graves deficiencias, como la compleja tramitación y la muchísima documentación difícil de conseguir que pide, la lenta respuesta o la dificultad para cumplir y acreditar los requisitos”, añadió.

Además, Ana María Aranda, criticó que el IMV no tenga en cuenta la realidad ‘post covid’, una realidad que incluye grandes colectivos que han perdido la totalidad de sus ingresos. “Tiene en cuenta la última declaración de renta (2019) y esto deja fuera a muchos colectivos. Además, en el medio rural esto es aún más discriminatorio si cabe, porque prima el padrón municipal, pero todos sabemos que el apego al pueblo hace que sea muy habitual mantener el empadronamiento en el lugar donde nacimos para evitar que los pueblos pierdan más población y, con ello, más ayudas También quedan fuera del IMV las personas que lleven menos de tres años viviendo solas, que no hayan cotizado un año, sean menores de 23 años, o tengan una segunda residencia, como pude ser una vieja casa de pueblo o una parte de la misma, con un valor catastral superior a 16.600 euros”.

Aranda añadió que es un gran error que el IMV no tenga en cuenta tampoco los gastos de alquiler, también afirmó que es una prestación que pone en graves dificultades algunas realidades específicas, como la de las familias monomarentales, y deseó que la prestación aragonesa complementaria en la que se está trabajando complemente y sea el salvavidas de todas las situaciones que se encuentran fuera y, por tanto, abocadas a la falta de recursos en la actualidad.

Por último, explicó que garantizar los derechos en el mundo rural es mucho más caro que en el urbano. “Recordemos que el 86% de los municipios de Aragón tiene menos de 1.000 habitantes. Y eso hace que la única opción viable para trabajar la inserción en el medio rural sea hacerlo directamente desde lo público, a través de los Ayuntamientos y Comarcas”, concluyó.

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